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Nº. 1227 Págs. 3 y 6 El laicismo antidemocrático Imprimir
La Conferencia Episcopal Salvadoreña ha solicitado a la Asamblea Legislativa la inclusión, en el programa, regular de estudios, de dos horas semanales de religión, en todas las escuelas públicas de la República.

En nuestro país, la democracia definida como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, se va estructurando paulatinamente, Subsisten, sin embargo, algunas prácticas absurdas, herencia del pasado, que están muy lejos de interpretar la voluntad de este pueblo soberanos, que un famoso filósofo llamó, no sin razón, un soberano cautivo.

Un ejemplo manifiesto de esta flagrante contradicción entre los anhelos populares y las disposiciones impuestas, es la práctica, casi secular del laicismo en la escuela, contra la voluntad soberana de una pueblo profundamente religioso, auténticamente cristiano, eminentemente católico.

Los partidarios del laicismo alegan sutilmente que le estado no tiene ninguna religión, pero el pueblo sí la tiene y en los países democráticos las leyes no deben ser más que la expresión de la voluntad popular.

En el terreno de la educación, el Estado no puede imponer la enseñanza que se le antoje, porque los hijos no son de su exclusiva propiedad, como se estila en los países totalitarios, sino que pertenecen a los padres de familia, que tienen el derecho y el deber primordial de educar, en virtud de la ley natural, anterior y superior a toda legislación positiva.

De sobra se ha comprobado que los partidarios de la escuela laica y aún los más furibundos sectarios enemigos de la Iglesia, tienen a sus hijos en los mejores colegios católicos. No vemos porqué los hijos del pueblo no han de tener el mismo derecho a la enseñanza religiosa, sólo porque sus padre han cometido el "delito" de ser pobres.

La Iglesia Católica, hoy más que nunca, está tratando de suplir esta deficiencia grave, fundando escuelas católicas gratuitas. Tenemos noticias ciertas y concretas de colegios dirigidos por religiosos, que le año entrante establecerán un turno especial para alumnos cuyos padres disponen de escasos medios económicos, tratando de suprimir lo que se ha dado en llamar "educación clasista". Pero están todavía muy lejos de disponer de los medios suficientes para cubrir la enorme demanda de matrícula de los padres que desean educar cristianamente a sus hijos.

Se impone la necesidad apremiante de permitir la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. No se trata de quebrantar la sagrada libertad de conciencia, ni mucho menos de ponerle a nadie una camisa de fuerza religiosa. Sencillamente se consultaría, en cada escuela, la voluntad de los padres de familia. Y estamos seguros que el resultado sería un verdadero plebiscito en favor de la enseñanza religiosa, que se pondría en práctica como un ejercicio auténtico de la soberanía popular.

LA SOMBRA COMUNISTA
Un diario capitalino denuncia el peligro que entraña el sindicato campesino, como una trampa para sembrar el odio en el agro salvadoreño y como un medio que emplea la conspiración marxista internacional para destruir las libertades del pueblo.

No podemos negar que el peligro comunista existe en nuestro país y que no es ningún inventado por los reaccionarios. Pero no estamos de cuerdo con permitir que los marxistas tengan la iniciativa en la defensa de un derecho, dejando en sus manos la noble bandera de la sindicalización campesina, que ellos utilizarán de todos modos, con la ley o sin ella. Más bien hay que luchar para que los campesinos se organicen en defensa de sus intereses, teniendo cuidado de impedir la infiltración de los elementos disociadores, que, lejos de buscar la redención del trabajador, sólo lo emplean como instrumentos político en sus planes de convertir a nuestro país en una dictadura de proletariado, donde el obrero y el campesino padecen una esclavitud mil veces peor que la situación de miseria en que hoy, se encuentran.
Otro aspecto fundamental que debe tenerse en cuenta, es el hecho indiscutible de que el campesino es un ciudadano, con iguales derechos que todas las demás clases y profesiones que componen la población del país. Negarle su libertad de asociación, sería como convertirlo en un ciudadano de segunda clase o en una paria sin derechos. Lo cual, además de inmoral e inhumano, sería inconstitucional.

EL EJEMPLO ARRASTRA
Las agencias internacionales de noticias nos traen la información sobre el suicidio de un joven japonés, en la misma forma espectacular en que se quitó la vida, hace poco tiempo, un famoso escritor que era objeto de su admiración. Como lo han demostrado hasta la sociedad las encuestas que se han hecho en distintos países, este suicidio es una prueba decisiva de que el ejemplo arrastra. La publicación, escandalosa y sensacionalista de noticias sobre toda clase de crímenes, contribuye notablemente al aumento de los delitos, porque los hombres, especialmente los jóvenes o las personas que padecen anormalidades psicológicas, son, consciente o inconscientemente, mayores limitadores que los monos.

Más de algún diario de nuestro país tiene la tendencia sensacionalista y morbosa y con fotografías en lugares destacados de periódico. Muchas veces se nos ha ocurrido que el extranjero que lea nuestros diarios se imaginará que somos un pueblo de criminales.
En un país como el nuestro, donde hay libertad de prensa, el cuarto poder tiene que imponerse una autocensura consciente, para no publica noticias y fotograbados que inciten a la violencia, que exciten a la sensualidad, que perjudiquen a os lectores en cualquier forma, teniendo presente que los periódicos no sólo son leídos por gente culta y adulta, sino que penetran en el santuario de los hogares y caen en las manos de niños inocentes y jóvenes inexpertos.

No se pretende suprimir este tipo de informaciones de una manera radical, sino que de tratar de publicarlas discretamente, sin tanto escándalo ni lujo de detalles, ni con fotografías de escenas truculentas en páginas preferenciales y en una forma destacada.
Este tipo de publicaciones es un abuso de la libertad de prensa. Y en vez de construir el ejercicio de un derecho de información, cae bajo la categoría de un delito, de un libertinaje, sancionado por nuestras leyes fundamentales.